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Empresa constructora demanda al gobierno de las Islas Vírgenes de EE.UU. por la entrega de un contrato
25 septiembre 2024
El 11 de septiembre, Hill International, una empresa consultora de construcción con sede en Pensilvania, Estados Unidos, demandó a la Autoridad de Finanzas Públicas (PFA) de las Islas Vírgenes (VI) y a la Oficina de Recuperación de Desastres de las VI, en relación con un contrato de tres años por 137 millones de dólares estadounidenses, que las autoridades de las Islas Vírgenes adjudicaron a otra empresa.

que la PFA adjudicó el contrato a CH2M, una empresa de consultoría, diseño y construcción de ingeniería con sede en EE. UU., en agosto como parte de un programa por un valor de aproximadamente US$ 15 mil millones para reconstruir y mejorar la infraestructura después de que dos grandes huracanes azotaran las islas en 2017: Irma y María.
Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos son territorios estadounidenses no incorporados del archipiélago de las Islas Vírgenes en el Mar Caribe de América del Norte.
La demanda de Hill calificó la adjudicación a CH2M de “arbitraria y caprichosa� y señaló que la oferta de Hill era 107 millones de dólares menor que la de CH2M por el mismo alcance de trabajo. Hill también consideró –citando la solicitud de propuestas de VI� que el gobierno no cumplió con su compromiso de seleccionar dos empresas para el trabajo, en lugar de sólo una.
Además de la denuncia, Hill dijo que la adjudicación del contrato a CH2M representaba un conflicto de intereses, ya que tres de los cinco miembros del comité de selección de contratos del gobierno también eran miembros del Departamento de Obras Públicas de VI, que emplea a dos personas que trabajan para la empresa matriz de CH2M, Jacobs Solutions, con sede en Estados Unidos.
La denuncia fue trasladada a un tribunal de distrito de Estados Unidos y el gobierno de las Islas Vírgenes ha pedido que se desestime. Según el gobierno de las Islas Vírgenes, Hill no siguió el proceso de protesta de licitación descrito en la solicitud, alegando que la empresa no tenía fundamentos para presentar una demanda. El gobierno también alegó que la oferta de Hill solo cumplía aproximadamente el 20% de los criterios de evaluación del gobierno.
El gobierno calificó a Hill de “demandado decepcionado� y dijo que las acusaciones de la compañía sobre un conflicto de intereses carecían de respaldo fáctico.
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