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La AGC calific贸 la medida de 鈥渋legal鈥� y argument贸 que el presidente Biden carece de la autoridad legal y constitucional para imponer tales pol铆ticas. Tambi茅n afirm贸 que imponer PLA socavar铆a los acuerdos existentes para los contratistas sindicalizados y excluir铆a a las empresas de taller abierto de competir por proyectos federales.

鈥淓sta nueva regulaci贸n es una soluci贸n ilegal que busca solucionar un problema inexistente鈥�, dijo Stephen E. Sandherr, director ejecutivo de la AGC.

鈥淟a ley actual proh铆be al presidente imponer unilateralmente condiciones laborales y de empleo que perturbar铆an los acuerdos existentes para los contratistas sindicalizados y excluir铆an a las empresas de taller abierto de competir por proyectos federales鈥�.

La asociaci贸n y su cap铆tulo presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el oeste de Luisiana en respuesta a los esfuerzos de la administraci贸n para implementar la nueva regulaci贸n del acuerdo laboral del proyecto.

Esta regulaci贸n busca imponer PLA para todos los proyectos de construcci贸n federales cuyo valor sea igual o superior a US$35 millones.

Los contratos de trabajo obligatorios del gobierno exigen que el contratista negocie con los sindicatos y llegue a un acuerdo como condici贸n para que se le adjudique el proyecto. La AGC afirm贸 que esto permite a los sindicatos imponer normas y pr谩cticas laborales m谩s costosas.

En su presentaci贸n legal, la asociaci贸n dijo que el proyecto de regulaci贸n del convenio laboral del presidente est谩 fuera del alcance de la autoridad ejecutiva. La denuncia tambi茅n argument贸 que la regulaci贸n contradice la Ley de Adquisiciones, la Ley de Competencia en la Contrataci贸n y la Ley Nacional de Relaciones Laborales en t茅rminos de l铆mites que se pueden imponer a la competencia por el trabajo federal y decisiones sobre requerir la participaci贸n sindical en la fuerza laboral.