La Oficina de Asuntos P煤blicos de Estados Unidos afirm贸 que Michael Mayorga y Francisco 脕lvarez conspiraron con otros para operar un sistema ilegal de n贸mina en efectivo para trabajadores de la construcci贸n.

El plan se cre贸 para evitar el pago de impuestos sobre la n贸mina al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y defraudar a las compa帽铆as de seguros de compensaci贸n laboral. Mayorga y 脕lvarez tambi茅n facilitaron el empleo de extranjeros indocumentados que trabajaban sin autorizaci贸n en Estados Unidos.

Entre 2015 y 2022, 脕lvarez, Mayorga y sus co-conspiradores crearon una serie de empresas fantasma para administrar un negocio de cambio de cheques y mensajer铆a de efectivo sin licencia que cobr贸 aproximadamente $89 millones en cheques de subcontratistas de la industria de la construcci贸n.

Los subcontratistas usaron el efectivo para pagar a sus trabajadores. Mayorga prest贸 servicios de contabilidad y preparaci贸n de impuestos a algunas de las empresas fantasma, y 脕lvarez y otros facilitaron la distribuci贸n de millones en efectivo a los subcontratistas.

Mayorga tambi茅n prepar贸 declaraciones falsas para las empresas fantasma y los miembros de la conspiraci贸n que 脕lvarez y otros presentaron.

En total, Mayorga caus贸 una p茅rdida fiscal al IRS de $8,647,824.

En total, 脕lvarez caus贸 una p茅rdida fiscal al IRS de $2,331,731.

Adem谩s de los delitos fiscales, 脕lvarez present贸 una solicitud falsa de seguro de compensaci贸n laboral. Esto permiti贸 a las empresas fantasma pagar peque帽as primas de seguro. Tras obtener el seguro fraudulentamente, 脕lvarez lo alquil贸 a subcontratistas para que estos presentaran comprobantes falsos de seguro al presentar ofertas a los contratistas. Mayorga tambi茅n proporcion贸 documentos falsos a las compa帽铆as de seguros que los auditaban.

脕lvarez y Mayorga ser谩n sentenciados posteriormente. Cada uno enfrenta una pena m谩xima de cinco a帽os de prisi贸n.

Los dos hombres se declararon culpables hoy ante la jueza magistrada Leslie Hoffman Price del Distrito Medio de Florida por su participaci贸n en el esquema. Las declaraciones deben ser aceptadas por un juez de distrito de EE. UU.